Recientemente se publicó la tesis 1a. III/2025 (11a.) con el rubro: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA TRANSICIÓN DEL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA AL DE LITIS CERRADA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, EN SU VERTIENTE DE NO REGRESIVIDAD, SI DISMINUYE EL GRADO DE PROTECCIÓN QUE SE HABÍA ALCANZADO EN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR), derivada de un asunto resuelto en el mes de junio del año pasado.

La sentencia resulta interesante, porque aborda un tema crucial del contencioso administrativo mexicano, como es el relativo a la distinción entre la litis abierta y la litis cerrada.

Como usted recordará, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido oportunidad de pronunciarse en diferentes ocasiones sobre este tema, específicamente, con motivo de las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) y, luego, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), que transitaron del sistema de litis cerrada al de litis abierta.

El fallo, con toda puntualidad, proporciona algunos detalles de esta transición y hace suyas las consideraciones que en otro momento sostuvo la Suprema Corte, cuando analizó estos temas, resumiendo las diferencias entre ambos sistemas en la siguiente tabla inserta en el párrafo 86:

 Con  apoyo en esas consideraciones, concluye que si la legislación del Estado de Baja California Sur contemplaba la litis abierta, una reforma ulterior que adopta la litis cerrada constituye una violación al principio de progresividad en su vertiente de no agresividad, en tanto implica un retroceso en el grado de protección que se había alcanzado legislativamente en el derecho humano de acceso a la justicia, porque, como se dijo anterioridad, el derecho de acceso efectivo a la justicia en su vertiente de debido proceso, específicamente, la oportunidad de alegar se encuentra mayormente protegido con una litis abierta que con una litis cerrada…

En los párrafos 91 y 135 de la ejecutoria, el Máximo Tribunal asienta que la elección del sistema de la litis abierta o cerrada en el juicio contencioso administrativo corresponde a la libertad configurativa del legislador, pues, señala, ambos sistemas garantizan el derecho de acceso a la justicia.

Aunque, desde luego, desde mi punto de vista, la conclusión abona al fortalecimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, no dejo de recordar los debates que se han suscitado entre los tribunales sobre la posibilidad de ofrecer nuevas pruebas en el juicio, precisamente, en consonancia con el principio de litis abierta, y la decisión jurisprudencial que, en su momento, clausuró este debate, cuando resolvió que si bien se podían hacer valer argumentos novedosos, no así, pruebas novedosas, lo que ha significado, en la práctica, un empobrecimiento marcado del litigio en el juicio contencioso.

Finalmente, esta determinación del Máximo Tribunal no acoge las preocupaciones de quienes, como yo, consideramos que la litis cerrada constituye, sin duda, un obstáculo al acceso a la jurisdicción, en la medida en que la experiencia revela que los recursos administrativos ordinariamente no son medios eficaces de defensa –con algunas excepciones como las que existían en materia de transparencia–, y que los afectados por un acto de la administración carecen de la asesoría legal necesaria para plantear de manera debida todos sus argumentos en la sede administrativa, razones por las cuales pensamos que para hacer efectivo el mandato del artículo 17 constitucional, de que toda persona debe tener derecho a acceder a un tribunal imparcial que le imparta justicia, tendría que rechazarse el sistema de litis cerrada, en cuanto condiciona la materia del juicio a una exigencia injustificada.